El Panóptico Digital Por: Ricardo Fuentes
Previo al cuerpo del presente artículo, me gustaría presentar 2 términos importantes. El primero es el búmeran de Foucault. Este término se refiere al fenómeno en el que un Estado que desarrolla tácticas represivas en sus periferias, eventualmente las usará en su metrópoli en contra de su propia población. Cabe mencionar que este término no lo acuñó Foucault, sino Aimé Césaire en Discurso sobre el colonialismo, en el que se presenta un nexo entre el colonialismo occidental y el terror del fascismo, argumentando que el fascismo no inventó nada – no inventó la represión, la militarización, los campos de concentración, etc. – sino que su excepcionalismo viene de que no utilizó dichos métodos contra personas racializadas en el sur global, sino en Europa contra Europeos blancos.
El segundo término es el Panóptico, un experimento del pensamiento originado por Jeremy Bentham. El panóptico (pan, un prefijo que significa todo, más lo óptico, lo que mira = lo que lo mira todo) es el diseño de una prisión, en el que las celdas están organizadas en forma de un círculo, con todas las celdas visibles por un solo guardia en el centro que no es visible. Lo interesante del panóptico es su resultado psicológico: es obvio que el guardia no puede ver a todos los prisioneros a la vez, pero el hecho de que podría verte a tí en cualquier momento dado y no lo puedes saber, te hará actuar como si fueras vigilado/a en todo momento.
Ahora sí, de lleno con la nota: en las últimas semanas, el gobierno del Reino Unido ha comenzado a implementar el Online Safety Act, una ley que se supone tiene como objeto “proteger” a las personas (especialmente a los menores de edad) de los peligros del internet, a través de la facultad de obligar a las páginas que sus usuarios acrediten su identidad, enviándole una fotografía de su identificación oficial (que contiene nombre, fecha de nacimiento, fotografía, dirección, etc), so pena de no permitir el acceso o de bloquear la página a personas con una IP en ese país.
Lo curioso es que los políticos que votaron por esta ley y ahora la implementan, coincidencialmente están comenzando a contratar planes de VPN y cargándolos al erario. Rules for thee, but not for me. Así el estado de las “instituciones” “democráticas” “plurales” “basadas en reglas”. El que hace la ley está por encima de ella, entonces la clase política crea su panóptico digital, pero no se sujeta a éste, y el costo de su hipocresía (literal y figurado) lo paga el público.
El problema es el uso que el Estado puede darle (y le está dando). No hay una métrica particularmente objetiva para determinar qué páginas son “sensibles” pero el Estado se reserva la facultad de señalar cualquier medio como tal, y tendrá el poder de: a) censurarlo; o b) obligar a las personas a verificar su identidad antes de acceder a él. El Estado puede unilateralmente determinar que un artículo, un documental o un video sobre la corrupción, o complicidad del Gobierno en crímenes de lesa humanidad es “material sensible”. Ahora, para publicarlo será imposible hacerlo en el anonimato, deberás rendir tu información al Estado y a las empresas que administran sus bases de datos.
Y esto no se limita a grandes temas mediáticos: incluye la censura de grupos LGBT, de plataformas de ayuda contra el suicidio, de enciclopedias digitales, etc. ¿Quieres escuchar música en plataformas como Spotify? ID. ¿Quieres leer un artículo de Wikipedia? ID. ¿Quieres compartir una opinión política? ID. La intención hoy es “proteger” a los menores, mañana es “proteger” al Estado público de opiniones incorrectas, peligrosas, subversivas. Aquí el búmeran: las herramientas creadas supuestamente para “proteger al público” de un “mal” específico, eventualmente se irán a proteger al Estado del público.
EEUU está por pasar e implementar una ley casi idéntica. México coincidencialmente aprobó el mes pasado la CURP con datos biométricos como “fuente de identidad de todas las personas de uso obligatorio y universal”, así como la creación de entes de inteligencia militarizados con la facultad de obligar a las entidades que cuentan con bases de datos a proveerles dicha información sin orden judicial, todo bajo la excusa de protegernos contra la desaparición forzada.
