Cada septiembre ondeamos la bandera como si nos reflejáramos en un solo espejo. El grito retumba: “¡Viva México!” Y por un instante pareciera que volvemos a ser un mismo pueblo, hijos e hijas de una misma historia. Pero la resaca llega pronto. Al amanecer del 16 de septiembre, descubrimos que la unidad era ilusión; el país sigue fracturado, dividido en bandos que no se reconocen entre sí.

No es nueva la rajadura que nos atraviesa. Viene desde la colonia, cuando se nos clasificó en castas; siguió en la independencia entre centralistas y federalistas; se desangró en la Revolución entre Convencionistas y Constitucionalistas; y se congeló bajo la hegemonía priista. Somos un país con siglos de discordia y apenas un par de décadas en un intento de democracia, una democracia joven que ya está siendo sofocada antes de poder mostrar plenamente sus frutos.

La polarización no es un accidente. Es una estrategia. Las tensiones sociales existen, ahí están, latentes en nuestras calles y en nuestra memoria, pero se alimentan deliberadamente desde el poder. Se nos insiste que hay “pueblo bueno” y “enemigos”, que la llamada “oposición” es traidora, que solo una parte del país merece ser escuchada. Ese enfrentamiento constante no une, desgarra. Y en ese desgarro, una élite nueva se consolida.

En la lógica del poder, dividir es gobernar. Cada enemigo inventado, cada línea divisoria entre un “nosotros” y un “ellos”, refuerzan un clientelismo político que beneficia únicamente a quienes hoy concentran las instituciones. El costo, sin embargo, lo pagamos todos: se nos convence de que hay distintos Méxicos, irreconciliables entre sí. Y cuando dejamos de reconocernos como parte de una comunidad política común, con toda la diversidad que existe dentro de sí, el pacto que nos sostiene comienza a resquebrajarse.

Ese pacto se llama Constitución. En teoría, debería ser el escudo que protege a la ciudadanía y limita al poder. Pero en la práctica se ha convertido en campo de batalla. La Constitución mexicana, pensada para articular un proyecto colectivo, se manipula como un arma de guerra política. En lugar de representar lo que somos y aspiramos a ser como nación, refleja cada vez más la voluntad de un grupo en el poder político en turno, elevado hasta la máxima norma proyectos para evitar que ellos o sus políticas públicas se declaren como “inconstitucionales” por las cortes cuando atentan contra la misma esencia de la constitución. Lo anterior bajo la lógica de: no puede ser inconstitutcional si lo dice la constitución.

El abuso de las mayorías legislativas es la herramienta perfecta para esta transformación. Con números suficientes en el Congreso, se altera la Constitución a conveniencia, debilitando contrapesos, subordinando instituciones y concentrando el poder en un solo partido; repetimos nuestra historia. Es el fenómeno que en mi investigación de posgrado en Harvard he estudiado, el cómo las mayorías políticas, bajo la apariencia de legalidad, pueden usar las reformas constitucionales como armas de poder político. Es lo que he denominado “constitucional weaponization”. Cuando una norma que debería limitar el poder se convierte en su instrumento más letal. Un texto que nació como escudo transformado en una espada.

La reforma judicial de 2024 es un ejemplo claro. Presentada como un esfuerzo democratizador, terminó erosionando la independencia judicial, politizando la justicia y rompiendo el delicado equilibrio de poderes. Formalmente válida, pero materialmente destructiva: un recordatorio de que la legalidad no siempre equivale a legitimidad. Como he argumentado en mi investigación, incluso cuando la Constitución parece rígida, su debilidad material permite que las mayorías coyunturales la rehagan a su medida

Sin embargo, nuestra propia Constitución contiene un límite implícito: el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Ese mandato, inscrito en el artículo 1º, establece que los derechos humanos, en esencia, no pueden retroceder. Implica que una vez reconocidos deben ser protegidos y ampliados, nunca mermados. Ese principio convierte a nuestra Constitución en algo más que buenos deseos de una comunidad, o un mero acuerdo en papel. Es un compromiso vivo con la dignidad humana. Al ignorarlo, se vacía la independencia, porque ¿de qué sirve conmemorar la libertad si el texto que nos une se usa para dividirnos y restringirnos? ¿Qué sucede cuando la definición misma de los derechos humanos, de lo que entendemos por avances y retrocesos, se somete a la consideración de un poder politizado, alineado con intereses de coyuntura y viciado por una división social tajante? ¿Cómo puede un Estado preocuparse realmente por su ciudadanía si aquello que debería ser un proyecto de nación compartido se transforma en un campo de batalla, donde los derechos dejan de ser universales para convertirse en botín de facciones?

La verdadera independencia no está en las campanadas del 15 de septiembre, ni en los discursos oficiales. Está en resistir el abuso que nace desde el poder, en rechazar la manipulación del pacto social, en no dejarnos arrastrar por la lógica de “mexicanos contra mexicanos”. Celebrar la independencia debería ser celebrar la comunidad, social, cultural, política y política, en toda su diversidad, que elegimos construir. Hoy esa comunidad está en disputa.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué independencia queremos celebrar dentro de cien años? ¿La de un pueblo dividido y sometido a la concentración de un solo grupo en el poder como hace un cuarto de siglo se vivió, o la de una nación capaz de reconocerse en su diversidad en un pacto común? La respuesta no está en el Palacio Nacional ni en el Congreso. Está en nosotros, en no olvidar que la Constitución no es botín ni arma, sino promesa de unidad.

Si la Constitución nos divide ¿Que nos une? Por: Maestra Isa Leal

Errores de traducción: la justicia ambiental en NL. Por: Mariana Peña