Errores de traducción: la justicia ambiental en NL. Por: Mariana Peña
En Nuevo León parece posible vivir en una realidad donde una señora que vende aguas en un parque contamine más que un derrame químico en un arroyo. Al menos es lo que sugieren algunas autoridades del gobierno. En un Estado donde los cerros son devorados, los ríos envenenados y el aire se vuelve sofocante, ¿estamos cerca de la justicia ambiental? y mucho más importante, ¿bajo qué condiciones podría alcanzarse?
Hace un mes, el gobierno estatal instaló la División Ambiental conformada por diez organismos con un objetivo claro: garantizar un medio ambiente sano. Pareciera que tal vez es lo que por años activistas han estado buscando. No obstante, desde su anuncio, los mensajes bajo los que han promovido esta división van desde “prohibir carretoneros”, “meter a la cárcel a quien lastima animales” hasta advertencias directas a quienes provoquen incendios o roban cobre por “unos cuantos pesos” (NL, 2025).
Este mismo año, en el Parque Libertad, destacado por su resistencia vecinal, el gobierno intentó retirar a la señora que vende aguas bajo el argumento de que no estaba regularizada y que el plástico que utilizaba generaba contaminación. También, desde cuentas oficiales se han difundido con orgullo detenciones a carretoneros o personas acusadas de provocar incendios.
Aunque estos actos han sido aplaudidos por algunos sectores, es necesario reconocer que lo único que generan es individualizar la problemática y criminalizar la pobreza. Más que un avance hacia la justicia ambiental, parecen gestos performativos.
Mientras se exhibe y castiga a la población más vulnerable, por otro lado las industrias de Nuevo León se mantienen impunes. Como el caso de Zinc Nacional, que a pesar de su clausura oficial, vecinas y vecinos continuaron señalando que esta mantenía sus operaciones, hasta hace unos días con la explosión que tuvo en la planta (Perales, 2025).
Castigo como sinónimo de justicia
Tal vez tenemos un error de traducción al momento de aplicar la justicia, pero entonces ¿para quién aplica la justicia? ¿Qué es la justicia? Muchas personas podrían asumir que es el castigo, la clausura o encarcelamiento, pero este no es necesariamente el caso. Esta visión reduccionista no toma en cuenta la causa raíz del problema, que las sociedades son cambiantes y que limita la capacidad del individuo a tomar mejores decisiones. Es necesario entender que si bien el daño ya está hecho, hay que ir más allá de la detención y buscar una justicia restaurativa, una reparación ambiental (Valenzuela, 2023) y considerar las desigualdades sistémicas que existen en la sociedad.
Detrás de cada acto sancionado, hay realidades que el propio Estado ha ignorado: para algunas personas esos quinientos pesos puede ser su única fuente de ingresos. ¿Dónde queda entonces la dignidad? El verdadero acceso a la justicia solo puede existir en igualdad de condiciones (González, 2014): cuando las personas, sin importar su posición económica, social o cultural, cuentan con las mismas oportunidades y recursos para defenderse. De lo contrario, seguiremos confundiendo justicia con castigo y perpetuando una justicia selectiva.
No existe la justicia ambiental sin justicia social
Si bien es positivo entrar a una etapa donde el medio ambiente ocupa un lugar central en la toma de decisiones, corremos el riesgo de creer que todo se reduce a ecosistemas o biodiversidad, cuando en realidad deberíamos hablar sobre el equilibrio entre las personas y el territorio que habitamos. Ese equilibrio no puede existir si no se contemplan los valores y las desigualdades sociales.
Pues no existe justicia ambiental sin justicia social, ya que ambas dimensiones son exacerbadas por un sistema capitalista, patriarcal y neocolonialista que profundiza la degradación ecológica y los sistemas sociales.
Quizá ha llegado el momento de reconocer que no se trata de un error de traducción al momento de aplicar la justicia, sino de un diseño intencional que beneficia a unos y criminaliza a otros. Sin embargo, nos toca decidir qué no es digno y qué no es justo. Señalarlo es el primer paso, pero el verdadero reto está en pensar nuevas formas de hacer justicia: no sólo restaurar, sino regenerar; no sólo castigar síntomas individuales, sino atender raíces estructurales. Porque el “crimen” de un carretonero que busca sobrevivir al día, en realidad es el reflejo de un sistema socioeconómico desigual que al mismo tiempo permite la impunidad de las grandes industrias.
